BCS SEDE DE INICIO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DENUNCIA DE CASOS DE TRATA DE PERSONAS

   •   Unidos Estado, Federación y sector hotelero contra la trata: Víctor Castro Cosío 

   •   Firman carta de intención para conjuntar acciones y métodos en esta materia 

“En Baja California Sur estamos comprometidos con la protección y respeto     de los derechos humanos y en contra de cualquier acto que atente contra la integridad de las personas”, aseguró el gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, al encabezar junto al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, el lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Identificación y Denuncia de Casos de Trata de Personas, la cual se celebra con la firma de una carta intención entre los gobiernos estatal, federal y sector hotelero.

Durante su intervención, Castro Cosío, destacó la importancia de atender desde todos los sectores, es decir; público y privado, este tema, ya que es un problema social que nos afecta a todas y todos como miembros de una sociedad, por lo que se deben seguir reforzando las acciones, programas y políticas públicas para prevenir y erradicar este delito.

“La firma de este convenio obliga a que hagamos todos el máximo esfuerzo porque en donde estemos se eliminen estas prácticas que son deleznables, este convenio concentrará todo el esfuerzo para que no haya trata de personas en México, ni en ningún lugar del mundo”, comentó. 

Por su parte, Alejandro Encinas, enfatizó que la carta intención que hoy se firma y con la cual se hace este lanzamiento a nivel nacional, no sólo es un papel, sino es la muestra del firme compromiso de los gobiernos de redoblar esfuerzos para prevenir y eliminar este tipo de conductas ilícitas que son un claro ejemplo de una grave violación a los derechos humanos, por lo que con este acto se ratifica la voluntad, disposición y convicción de atender de fondo esta problemática.  

En el marco de este acto, se realizó la firma de la carta de intención, la cual establece el acuerdo de voluntades para conjuntar acciones y métodos necesarios para la prevención, protección, difusión e información sobre la trata de personas, en el ámbito de sus respectivas competencias de conformidad con las formas de cooperación.