EQUILIBRIOS
Por José Luis Puga Lizardi
Cuánta razón le asiste a quienes piensan, que sí el Gobierno se convierte en organizador y garante de las elecciones en este País, volverían los fraudes y las “caídas del sistema” como cuando MANUEL BARTLETT Díaz, fungió como titular de la Comisión Nacional de Elecciones en el sexenio del Presidente MIGUEL DE LA MADRID HURTADO; el hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad, fue el artífice del mayor fraude electoral en la historia de México; esta situación dio pie a la ciudadanización de un instituto autónomo que válida los procesos electorales con una notable evolución desde hace más de 30 años; actualmente conocido como Instituto Nacional Electoral (INE).
La temeraria advertencia planteada “para sondear” y distraer la atención de lo que realmente importa en este País, como la situación de la pandemia y la crisis profunda en materia económica, que ya permeó en todos los estratos, no gustó mucho, eso sí, generó un silencio cómplice entre quienes tienen miedo de contradecir al Presidente.
En tiempos de inestabilidad en todos los sentidos, sería una aberración volver al pasado, también en materia electoral; un retroceso de esa magnitud sin duda generaría un estallido social postelectoral, situación que el País, no está en condiciones de soportar.
Tras el planteamiento de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de ser el “guardián” de los procesos electorales y con alto sentido de altruismo, colaborar en este aspecto, se encendieron los focos de alerta por su intención de “meter las manos” –por decirlo coloquialmente- y comenzaron a escucharse voces de rechazo, prácticamente al unísono.
Si alguien sabe sobre riesgos y consecuencias de que sea el Gobierno Federal, el responsable de los procesos electorales, incluso de que se inmiscuya directamente, más allá de sus responsabilidades institucionales y constitucionales, es precisamente el actual Presidente de México y CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, quiénes en 1988 a manos del PRI y MANUEL BARTLETT, sufrieron una dolorosa derrota que después de 32 años, aún les duele.
El País no está para experimentos en materia electoral; está claramente establecida la responsabilidad de cada una de las instituciones que hacen cumplir la ley en materia electoral, son instancias ciudadanizadas que dan certeza y validez de los procesos desde su concepción, desarrollo y del conteo de sufragios, incluso si las definiciones se concluyen en tribunales.
Es evidente que el tema está de más, pero siendo el Presidente de México el que plantee la intervención del Estado en un ejemplar ejercicio ciudadano, a través del cual –él mismo- logro el histórico triunfo el 1 de julio de 2018, para posteriormente rendir protesta como Jefe del Poder Ejecutivo, solo refleja su intención de estar en todo, dejando en segundo plano el principal propósito de su encargo, gobernar.
Bajo el pretexto de establecer un NUEVO ORDEN NACIONAL a imagen y semejanza de lo que se cree o piensa es lo mejor, desde una visión parcial y atendiendo más a razones políticas que sociales, no se puede permitir el regreso al pasado, ese pasado del que tanto reniegan y que al final provoco el hartazgo y la búsqueda de un cambio verdadero, que la gente aún sigue esperando.
Los partidos políticos a excepción del Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, no fijaron postura al respecto, al menos no de forma abierta; quienes si refutaron de manera frontal la potencial intervención del Gobierno en esta materia, fueron las autoridades electorales del País, el sector empresarial y todos aquellos catalogados como neoliberales, fifís y los integrantes de “la mafia del poder”, a las que se pretende deshacer; el tema tendrá mayores desdobles por su incongruencia inaceptable. Ya veremos.
Comentarios, dudas o aclaraciones, dirigirlas al correo electrónico jlpuga@radarpolitico.com
Por José Luis Puga Lizardi
Cuánta razón le asiste a quienes piensan, que sí el Gobierno se convierte en organizador y garante de las elecciones en este País, volverían los fraudes y las “caídas del sistema” como cuando MANUEL BARTLETT Díaz, fungió como titular de la Comisión Nacional de Elecciones en el sexenio del Presidente MIGUEL DE LA MADRID HURTADO; el hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad, fue el artífice del mayor fraude electoral en la historia de México; esta situación dio pie a la ciudadanización de un instituto autónomo que válida los procesos electorales con una notable evolución desde hace más de 30 años; actualmente conocido como Instituto Nacional Electoral (INE).
La temeraria advertencia planteada “para sondear” y distraer la atención de lo que realmente importa en este País, como la situación de la pandemia y la crisis profunda en materia económica, que ya permeó en todos los estratos, no gustó mucho, eso sí, generó un silencio cómplice entre quienes tienen miedo de contradecir al Presidente.
En tiempos de inestabilidad en todos los sentidos, sería una aberración volver al pasado, también en materia electoral; un retroceso de esa magnitud sin duda generaría un estallido social postelectoral, situación que el País, no está en condiciones de soportar.
Tras el planteamiento de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de ser el “guardián” de los procesos electorales y con alto sentido de altruismo, colaborar en este aspecto, se encendieron los focos de alerta por su intención de “meter las manos” –por decirlo coloquialmente- y comenzaron a escucharse voces de rechazo, prácticamente al unísono.
Si alguien sabe sobre riesgos y consecuencias de que sea el Gobierno Federal, el responsable de los procesos electorales, incluso de que se inmiscuya directamente, más allá de sus responsabilidades institucionales y constitucionales, es precisamente el actual Presidente de México y CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, quiénes en 1988 a manos del PRI y MANUEL BARTLETT, sufrieron una dolorosa derrota que después de 32 años, aún les duele.
El País no está para experimentos en materia electoral; está claramente establecida la responsabilidad de cada una de las instituciones que hacen cumplir la ley en materia electoral, son instancias ciudadanizadas que dan certeza y validez de los procesos desde su concepción, desarrollo y del conteo de sufragios, incluso si las definiciones se concluyen en tribunales.
Es evidente que el tema está de más, pero siendo el Presidente de México el que plantee la intervención del Estado en un ejemplar ejercicio ciudadano, a través del cual –él mismo- logro el histórico triunfo el 1 de julio de 2018, para posteriormente rendir protesta como Jefe del Poder Ejecutivo, solo refleja su intención de estar en todo, dejando en segundo plano el principal propósito de su encargo, gobernar.
Bajo el pretexto de establecer un NUEVO ORDEN NACIONAL a imagen y semejanza de lo que se cree o piensa es lo mejor, desde una visión parcial y atendiendo más a razones políticas que sociales, no se puede permitir el regreso al pasado, ese pasado del que tanto reniegan y que al final provoco el hartazgo y la búsqueda de un cambio verdadero, que la gente aún sigue esperando.
Los partidos políticos a excepción del Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, no fijaron postura al respecto, al menos no de forma abierta; quienes si refutaron de manera frontal la potencial intervención del Gobierno en esta materia, fueron las autoridades electorales del País, el sector empresarial y todos aquellos catalogados como neoliberales, fifís y los integrantes de “la mafia del poder”, a las que se pretende deshacer; el tema tendrá mayores desdobles por su incongruencia inaceptable. Ya veremos.
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