BURÓ POLÍTICO
POR ARIEL VILCHIS
Recientemente el presidente Andrés Manuel López obrador envió a la cámara de diputados una iniciativa de ley que, desde su perspectiva, ayude a la pacificación del país. Una Ley de Amnistía que pretende otorgar la libertad a presos políticos, así como a indígenas, mujeres y jóvenes que no son reincidentes y purgan condenas por delitos menores y sin violencia.
Dejando de lado los presos políticos, a los indígenas que no contaron con un proceso justo o las mujeres que se practicaron un aborto y a quienes las asistieron, me parece que de aprobarse la Ley enviada por el ejecutivo federal en calidad de preferente, la armonización de la ley para su aplicación en nuestro estado deberá analizarse, revisarse y consensarse de manera amplia con todos los sectores de la sociedad por lo delicado que puede representar que se deje en libertad a quienes se encuentran recluidos por los delitos de narcomenudeo o robo sin violencia. Y es que son precisamente los dos delitos mencionados los que mantienen a la entidad en foco amarillo según la plataforma semáforo delictivo.
De tal manera que, aunque la ley busque la pacificación y reconciliación del país como lo ha manifestado el presidente de la república, los diputados locales de todas las fracciones, pero sobre todo los de morena, no deben dejarse llevar por el aplauso fácil o caer en populismo en un afán de beneficiar a quienes hayan cometido un delito menor ya que se tendrá que analizar a fondo si realmente con esa iniciativa se logrará la disminución de la incidencia delictiva.
Un aspecto a considerar más allá del perdón que representa no purgar una sentencia, aun cuando el delito haya sido menor, es el de las víctimas.
¿De qué manera podrían justificarse los diputados locales que aprueben una ley de amnistía que incluya a narcomenudistas y a quienes cometieron robo en diferentes modalidades (Auto, Casa habitación, Asalto) con las víctimas? ¿Qué argumento válido se puede dar al liberar a quien robó el patrimonio de una familia o asaltó un negocio? ¿Cómo justificar que, antes de cumplir su condena, se envíe a la calle a quien fue sentenciado por posesión de droga con fines de venta?
Sin duda nuestros legisladores locales deberán poner mucha atención y tener cuidado, en caso de aprobarse la iniciativa enviada a la cámara de diputados, en la armonización de la ley para Baja California Sur, ya que se puede caer en excesos e impunidad al no castigar a quienes han cometido delitos y, por otro lado, puede representar una burla para quienes han sido víctima de ellos como si nada hubiera sucedido. Ya veremos qué pasa. Es mi opinión, al tiempo…
Sus comentarios a rostrosyperfilesbcs@gmail.com
POR ARIEL VILCHIS
Recientemente el presidente Andrés Manuel López obrador envió a la cámara de diputados una iniciativa de ley que, desde su perspectiva, ayude a la pacificación del país. Una Ley de Amnistía que pretende otorgar la libertad a presos políticos, así como a indígenas, mujeres y jóvenes que no son reincidentes y purgan condenas por delitos menores y sin violencia.
Dejando de lado los presos políticos, a los indígenas que no contaron con un proceso justo o las mujeres que se practicaron un aborto y a quienes las asistieron, me parece que de aprobarse la Ley enviada por el ejecutivo federal en calidad de preferente, la armonización de la ley para su aplicación en nuestro estado deberá analizarse, revisarse y consensarse de manera amplia con todos los sectores de la sociedad por lo delicado que puede representar que se deje en libertad a quienes se encuentran recluidos por los delitos de narcomenudeo o robo sin violencia. Y es que son precisamente los dos delitos mencionados los que mantienen a la entidad en foco amarillo según la plataforma semáforo delictivo.
De tal manera que, aunque la ley busque la pacificación y reconciliación del país como lo ha manifestado el presidente de la república, los diputados locales de todas las fracciones, pero sobre todo los de morena, no deben dejarse llevar por el aplauso fácil o caer en populismo en un afán de beneficiar a quienes hayan cometido un delito menor ya que se tendrá que analizar a fondo si realmente con esa iniciativa se logrará la disminución de la incidencia delictiva.
Un aspecto a considerar más allá del perdón que representa no purgar una sentencia, aun cuando el delito haya sido menor, es el de las víctimas.
¿De qué manera podrían justificarse los diputados locales que aprueben una ley de amnistía que incluya a narcomenudistas y a quienes cometieron robo en diferentes modalidades (Auto, Casa habitación, Asalto) con las víctimas? ¿Qué argumento válido se puede dar al liberar a quien robó el patrimonio de una familia o asaltó un negocio? ¿Cómo justificar que, antes de cumplir su condena, se envíe a la calle a quien fue sentenciado por posesión de droga con fines de venta?
Sin duda nuestros legisladores locales deberán poner mucha atención y tener cuidado, en caso de aprobarse la iniciativa enviada a la cámara de diputados, en la armonización de la ley para Baja California Sur, ya que se puede caer en excesos e impunidad al no castigar a quienes han cometido delitos y, por otro lado, puede representar una burla para quienes han sido víctima de ellos como si nada hubiera sucedido. Ya veremos qué pasa. Es mi opinión, al tiempo…
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