BALCONEANDO
Por Alejandro Barañano
Ayer, ya caída la tarde, el recinto del Congreso del Estado se convirtió en un verdadero hervidero de gritos, insultos e incluso amenazas en contra de algunos diputados que en ese momento ahí se encontraban, y todo ello originado por la primera lectura de la propuesta del Matrimonio Igualitario.
Esto me llamó poderosamente la atención, y lo traigo a colación porque es usual leer las noticias en los medios digitales y seguirlas por las redes sociales. Igual puede ser un nuevo desfalco, un acto de corrupción impune, el capricho de uno que otro legislador que negocia a la hora de las votaciones; cualquiera de ellas, insisto, da igual, el asunto es que tras la noticia es usual escuchar “esto acarreará enormes costos políticos”.
Sí, los costos políticos, algo que quizá no existe en este país o, de existir, funcionan de forma muy diferente a lo esperado. Pero vayamos por partes para tratar de entendernos.
Para empezar no estamos sosteniendo que no existan los costos políticos, pues si supongo que un político joven insulta, desobedece o reta a un político consumado, tendrá que aguantar un trienio o un sexenio para poder sobresalir.
Pero también hay el extremo opuesto, y lo tendrán que pagar aquellos que excedan en sus atribuciones o realicen tal o cual acción en perjuicio directo de la sociedad y eso es algo que un político se debe pagar.
Sin embargo, en ambos casos, los costos son inherentes al ejercicio de su profesión.
Otro detalle que llama la atención es que el costo político del escándalo parece que ha desaparecido, pues mientras no haya tipificación del delito, causa penal, orden de aprehensión o cualquier otra lindeza legal, dicho costo es meramente cuestionable.
Por ejemplo, no lo hubo para el señor de las ligas, quien tras la condena y prisión cumplida ya regresó a su trabajo; no lo hubo para el dueño de una casa, de otra o de las demás; no lo ha habido para quien no supervisó bien la construcción de una carretera; tampoco para quienes han aceptado financiamientos ilegales en tiempos de campañas; no lo hubo para los partidos que ofrecieron renunciar a sus presupuestos para apoyar la reconstrucción tras el sismo, aunque su oferta fuera ilegal y una mala idea no importa pues la esperanza también pesa. Vamos, ni siquiera para quienes, como se dijo alguna vez a través de noticias, perdieron algún cheque o traficaron con conflictos de interés descarados y que a la fecha no han sido aclarados.
Lo anterior no significa que no existan costos políticos en el país o en Baja California Sur, lo que sucede es que éstos entran en una mecánica diferente, la de la lealtad con quien da las órdenes, la de la obediencia y el respeto.
Para ser defenestrado pesa más no estar de acuerdo con el líder de un grupo parlamentario que no hacer bien el trabajo o que tener encima casos probados de corrupción.
Y justo por eso es que gran parte del aparato gubernamental no funciona como debiera, ya que es preferible quedar bien que hacer bien y ése, es el verdadero costo político, sólo que no lo pagan ellos, quienes deberían de hacerlo, sino cada uno de nosotros cual simples ciudadanos que somos; por lo que quien esto escribe mejor seguirá BALCONEANDO. . .
COMO EN BOTICA
Desde el inicio de su administración gubernamental, CARLOS MENDOZA DAVIS ha estado trabajando para generar igualdad de oportunidades para el progreso y dando cumplimiento a sus derechos laborables, lo que ha permitido que se cuenten con servicios de salud y prestaciones, así como el acceso a condiciones dignas de alimentación, educación, vivienda, transporte y otros satisfactores, y aunque haya quien lo quiera negar el resultado de esto es que BAJA CALIFORNIA SUR registró la menor pobreza laboral del país. . . Desde la máxima tribuna del Congreso del Estado, la diputada ANITA BELTRÁN PERALTA aseveró que en la media península, y según los datos obtenidos en el último censo de INEGI, existen 23 mil 988 personas tienen alguna discapacidad, lo que representa que por cada mil habitantes 68 de ellos tienen ese padecimiento, por lo que invitó a ser sensibles ante tal situación. . . Según GOYITO su gestión municipal es tan transparente y cristalina como una gota de agua, pero parece ser que la AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN tiene otros datos y pronto le podrían caer. . . ¡HE DICHO!
Por Alejandro Barañano
Ayer, ya caída la tarde, el recinto del Congreso del Estado se convirtió en un verdadero hervidero de gritos, insultos e incluso amenazas en contra de algunos diputados que en ese momento ahí se encontraban, y todo ello originado por la primera lectura de la propuesta del Matrimonio Igualitario.
Esto me llamó poderosamente la atención, y lo traigo a colación porque es usual leer las noticias en los medios digitales y seguirlas por las redes sociales. Igual puede ser un nuevo desfalco, un acto de corrupción impune, el capricho de uno que otro legislador que negocia a la hora de las votaciones; cualquiera de ellas, insisto, da igual, el asunto es que tras la noticia es usual escuchar “esto acarreará enormes costos políticos”.
Sí, los costos políticos, algo que quizá no existe en este país o, de existir, funcionan de forma muy diferente a lo esperado. Pero vayamos por partes para tratar de entendernos.
Para empezar no estamos sosteniendo que no existan los costos políticos, pues si supongo que un político joven insulta, desobedece o reta a un político consumado, tendrá que aguantar un trienio o un sexenio para poder sobresalir.
Pero también hay el extremo opuesto, y lo tendrán que pagar aquellos que excedan en sus atribuciones o realicen tal o cual acción en perjuicio directo de la sociedad y eso es algo que un político se debe pagar.
Sin embargo, en ambos casos, los costos son inherentes al ejercicio de su profesión.
Otro detalle que llama la atención es que el costo político del escándalo parece que ha desaparecido, pues mientras no haya tipificación del delito, causa penal, orden de aprehensión o cualquier otra lindeza legal, dicho costo es meramente cuestionable.
Por ejemplo, no lo hubo para el señor de las ligas, quien tras la condena y prisión cumplida ya regresó a su trabajo; no lo hubo para el dueño de una casa, de otra o de las demás; no lo ha habido para quien no supervisó bien la construcción de una carretera; tampoco para quienes han aceptado financiamientos ilegales en tiempos de campañas; no lo hubo para los partidos que ofrecieron renunciar a sus presupuestos para apoyar la reconstrucción tras el sismo, aunque su oferta fuera ilegal y una mala idea no importa pues la esperanza también pesa. Vamos, ni siquiera para quienes, como se dijo alguna vez a través de noticias, perdieron algún cheque o traficaron con conflictos de interés descarados y que a la fecha no han sido aclarados.
Lo anterior no significa que no existan costos políticos en el país o en Baja California Sur, lo que sucede es que éstos entran en una mecánica diferente, la de la lealtad con quien da las órdenes, la de la obediencia y el respeto.
Para ser defenestrado pesa más no estar de acuerdo con el líder de un grupo parlamentario que no hacer bien el trabajo o que tener encima casos probados de corrupción.
Y justo por eso es que gran parte del aparato gubernamental no funciona como debiera, ya que es preferible quedar bien que hacer bien y ése, es el verdadero costo político, sólo que no lo pagan ellos, quienes deberían de hacerlo, sino cada uno de nosotros cual simples ciudadanos que somos; por lo que quien esto escribe mejor seguirá BALCONEANDO. . .
COMO EN BOTICA
Desde el inicio de su administración gubernamental, CARLOS MENDOZA DAVIS ha estado trabajando para generar igualdad de oportunidades para el progreso y dando cumplimiento a sus derechos laborables, lo que ha permitido que se cuenten con servicios de salud y prestaciones, así como el acceso a condiciones dignas de alimentación, educación, vivienda, transporte y otros satisfactores, y aunque haya quien lo quiera negar el resultado de esto es que BAJA CALIFORNIA SUR registró la menor pobreza laboral del país. . . Desde la máxima tribuna del Congreso del Estado, la diputada ANITA BELTRÁN PERALTA aseveró que en la media península, y según los datos obtenidos en el último censo de INEGI, existen 23 mil 988 personas tienen alguna discapacidad, lo que representa que por cada mil habitantes 68 de ellos tienen ese padecimiento, por lo que invitó a ser sensibles ante tal situación. . . Según GOYITO su gestión municipal es tan transparente y cristalina como una gota de agua, pero parece ser que la AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN tiene otros datos y pronto le podrían caer. . . ¡HE DICHO!
