MILLONARIO FRAUDE


BALCONEANDO

Por Alejandro Barañano

Desde hace poco más de medio año -13 de diciembre del 2017, para ser exactos- a través de la mesa de redacción de Peninsular Digital se dio a conocer un millonario fraude fiscal por parte de bancos españoles, mismos que han sableado más de 150 millones de dólares en impuestos federales, y algo más de 6 millones de dólares al municipio de Los Cabos.
Toda esta historia comenzó el 15 de agosto de ese mismo año, cuando fue constituida en la Ciudad de México una Sociedad Anónima denominada “FAMTUNES”, ello con un capital social de apenas 50 mil pesos, y en menos de dos meses dicha compañía de recién constitución, compareció en Cabo San Lucas por medio de su apoderado Joaquín Armando Sánchez Tapia, un abogado que vive en la modesta Colonia Obrera de la Ciudad de México, para adquirir un predio turístico de mil 830 hectáreas –o sea, 18 millones 300 mil metros cuadrados- y que conllevan consigo más de dos kilómetros de hermosas playas.
Lo curioso de todo ello es que la operación de compraventa se dio en un precio absurdo, 10 millones de dólares, menos de 200 millones de pesos; y digo que es un precio absurdo porque el predio tiene un valor al menos veinte veces superior, por lo que se piensa que la operación debe responder a una planeación fiscal para ahorrarse los impuestos correspondientes. ¿Así o más claro?
Y es que resulta que el predio denominado “Vinoramas” es un espacio de excepcional belleza para la construcción de un desarrollo turístico, pues está encuadrado en la zona de mayor plusvalía de San José del Cabo, junto a varios exitosos desarrollos y muy cerca del parque natural de mayor atractivo del destino turístico: Cabo Pulmo.
La operación, según se anotó puntualmente en Peninsular Digital en aquellos ayeres, es por demás oscura y por eso está  ya está levantando muchas suspicacias.
Resulta que el terreno fue vendido por la familia Olachea Palacios -el ex-presidente municipal, Miguel Ángel Olachea Palacios y su hermana Patricia que fueron quienes encabezaron la venta- en una millonaria cantidad hace más de diez años, cuando el destino turístico comenzaba apenas su lanzamiento.
Ahora, cuando en Los Cabos los predios alcanzan precios estratosféricos, aparece esta sospechosa operación encabezada por un modesto abogado que vive en la Colonia Obrera de la Ciudad de México, y que adquiere los mejores terrenos de uso turístico en apenas 55 centavos de dólar por metro cuadrado.

Ante ello se dan una serie de interrogantes y a las que hasta el momento nadie les ha dado respuesta. Por ejemplo ¿Cómo un apocado abogado que vive en la Colonia Obrera de la Ciudad de México tuvo acceso a tan semejante operación? ¿Cómo fue que convenció a dos bancos españoles de venderles un predio no anunciado en una veinteava parte? ¿Quién se está llevando entonces el dinero grande? ¿Los dos bancos españoles? ¿O tal vez algunos funcionarios de dichos bancos?
Pero ahí no para la cosa, pues otro terrenal fue vendido por la sociedad mercantil “Inmobiliaria Piedra Bolas”, representada por Jorge Mercade Dura y Andrés Rubén Castillo Hernández, a “Six Fund” que es representada por Luis Raúl Lizárraga Duran, a un precio de 5.5 millones de dólares, es decir, lo equivalente a 60 centavos de dólar el metro.
Mientras tanto, un tercer sitio fue trasferido por “Inmobiliaria Piedra Bolas” a “Turismo Itzé” representada por Jorge Domínguez del Pino e Iván Baldasano Ramírez, esto por un costo de 45 millones de dólares, equivale a 11 dólares por metro cuadrado.
Pero para hacer todas estas operaciones de compraventa seguro que tuvo que haber complicidad tanto de funcionarios como de peritos. Luego entonces: ¿El SAT coludido, o Catastro Municipal está maiceado? La verdad no lo sabemos, por lo que quien esto escribe mejor seguirá BALCONEANDO. . .

COMO EN BÓTICA
En la entrega del viernes pasado titulada ¡FOCOS ROJOS!, reconozco haber cometido un error involuntario y que es pertinente corregir,  pues se señaló que la SEMARNAT aprobó de forma condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental a la empresa minera “LOS CARDONES”, pero en cambio le ha sido negado el Cambio de Uso de Suelo a la empresa DESARROLLOS ZAPAL SA de CV por la actual administración municipal –la de ARMANDO MARTÍNEZ VEGA-  porque utilizó un permiso apócrifo expedido por la anterior administración municipal –la de ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRÁN- para así tratar de sorprender a la justicia federal y obtener un amparo, el cual por cierto le fue rechazado; cuando en realidad –y lo aclaro- donde y cuando se expidió el documento apócrifo referido fue en la gestión de FRANCISCO JAVIER MONROY SÁNCHEZ y no como se marcó equivocadamente. . . ¡HE DICHO!